Uno de los grandes problemas que han tenido las políticas públicas de educación sexual en las últimas décadas es su abordaje: un tema valórico y no social cuya óptica se reduce a la responsabilidad exclusiva que recae en las familias (cuyas cuidadoras son las mujeres/madres por imposición conservadora), morbosidad y criminalización.
Esa visión conservadora, morbosa y criminalizadora ha tenido como protagonista a las iglesias que precisamente enfrentan una derrumbe moral/sexual a nivel mundial. En eso la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos en Chile en 2017 realizó un mapa con las 230 denuncias de delitos sexuales y de encubrimiento realizados por autoridades de la Iglesia católica. El mapa incluye a los cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezatti como encubridores y más de 146 sacerdotes acusados de abuso sexual.
En respuesta a esto, las organizaciones civiles y en especial el movimiento feminista han cuestionado esta tratativa, entendiendo a la educación sexual como un problema social que debe partir desde la responsabilidad del Estado y con urgencia en un escenario en que vivimos tiempos de aumento en la transmisión de VIH, sobre todo en la población adolescente, y aumento de la violencia sexual, en las familias, calles, colegios, trabajos etc.
Este preocupante contexto social trae a la mesa décadas de pocas y fracasadas respuestas estatales sobre el tema: desde el fin de la Dictadura Cívico Militar se podrían mencionar cuatro proyectos relacionados: las Jocas de comienzo de los noventas, las Agendas de Género de los gobiernos de Michelle Bachelet del 2006-2010 y 2014–2018, y los Siete Programas de Educación Sexual de Joaquín Lavín -algunos de ellos incluían la abstención como método de cuidado y anticoncepción-.
En la actualidad existe obligatoriedad en la enseñanza media para abordar la educación sexual. Sin embargo es una obligatoriedad engañosa porque su aplicación y ejecución queda al arbitrio de los proyectos educativos o de la visión de las y los apoderados de un colegio, por ejemplo: los colegios religiosos o el mismo Instituto Nacional en la polémica votación de pasar a ser un colegio mixto o no.
De esa “obligatoriedad” testimonial, sin dientes, carece el actual proyecto del gobierno para impartir educación sexual desde los 5 años de edad. Políticas públicas que nacen fallidas, como crónicas de muertes anunciadas en su ejecución. En este sentido no puede ser que la instrucción sobre educación sexual quede al arbitrio de los municipios, sostenedores o directivos de colegios, en general sin formación sobre el tema y con claros sesgos morales de por medio.
Una casi inexistente iniciativa estatal que registra mayormente la ausencia del Estado en este sentido, que políticas públicas robustas que expresen iniciativa y responsabilidad. Es por esta razón que defendemos una propuesta responsable de educación sexual debe ser ante todo obligatoria, integral, pertinente y, por sobre todo, informada. Es en esa línea busca avanzar nuestra propuesta social y legislativa.
Además, la dimensión sexual del ser humano no se constituye ni reduce a cuestiones reproductivas o de cuidado de transmisión de enfermedades. La construcción social de la sexualidad, la identidad de género, la relación con nuestro cuerpo, el placer, el cuidado, el autoestima, el amor, el auto conocimiento y por sobre todo, la violencia sexual que vulnera a la infancia, que normaliza abusos y violaciones correctivas, son imperativos para nuestro desarrollo y deben ser considerados desde la sala cuna hasta la universidad. Por lo anterior, no basta con una campaña de televisión, mientras en la escuela poco y nada se habla, mientras se discrimina a la comunidad LGBTIQ, mientras no se hace una detección temprana de abusadores y pederastas, mientras se refuerza el machismo, o no se capacita a las y los docentes (muchas veces reticentes a estas prácticas por desconocimiento y prejuicios).
Para nosotras es necesario insistir en que un país que no tiene una política de Educación Sexual Integral malamente podría disminuir no solo las cifras de transmisión de VIH (6.948 nuevos casos en Chile), sino que también de las abuso sexual infantil (62% en Chile), entendida como violencia hacia las mujeres y niñas, la discriminación a la comunidad LGBTIQ o femicidios. Es urgente que comencemos a discutir de forma amplia y democrática este tema y tomemos el peso a una demanda que hoy por hoy es vital para el desarrollo prioritario de las familias, de las niñas, niños y jóvenes.
Camila Rojas Valderra
