13 Agosto La ministra de Justicia, Javiera Blanco, al inaugurar el V seminario internacional sobre delitos sexuales infantiles de la Fundación Amparo y Justicia, señaló que como gobierno "nos hemos propuesto que los condenados por estos delitos no reciban beneficios que signifiquen reducir sus períodos de condena".
En la oportunidad, la secretaria de Estado sostuvo que llama la atención que el año pasado, centenares de menores de edad recurrieron al Servicio Médico Legal para que se les practicaran pericias por violación, abusos deshonestos y otros delitos sexuales.
"Los datos son aún más alarmantes al constatar que en niños y niñas de 3 años o menos el registro de pericias se eleva sobre 600 casos, dando cuenta de lo horroroso de este flagelo", señaló.
De la misma forma, Blanco indicó que desde el Sename "impulsamos el primer Observatorio de Abuso Sexual infantil y Adolescente, que es una plataforma digital que recopila datos, cifras y antecedentes sobre este fenómeno a nivel nacional".
Por lo mismo, Blanco reafirmó que “nuestro compromiso como gobierno es avanzar decididamente en orden a enfrentar con decisión este grave problema. Por eso es que hemos enfatizado la necesidad de que los padres se informen en el Registro Civil acerca de las personas que han sido condenadas por delitos sexuales de manera que no sean contratadas en establecimientos educacionales ni, por ejemplo, les confíen el transporte de sus hijos”.
Agregó que “de la misma forma nos hemos propuesto que los condenados por estos delitos no reciban beneficios que signifiquen reducir sus períodos de condena. Una de las iniciativas que estamos abordando en el Congreso Nacional es el proyecto de ley que establece un Sistema de Entrevistas Videograbadas y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, con el propósito de prevenir la victimización secundaria de niños y niñas víctimas o testigos. Este proyecto tiene una larga historia, en la que la Fundación Amparo y Justicia ha participado desde siempre”.
En la actividad también participaron el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz; el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán; y el presidente de la Fundación Amparo y Justicia, Ramón Suárez.
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